En este blog hemos abordado algunos de los cambios más relevantes dentro del panorama energético mexicano. Estamos conscientes de que el panorama energético en el país ha experimentado una transformación estructural importante, consolidándose para lograr dos objetivos: consolidar un sistema energético con participación tanto del gobierno como de actores privados, además de incentivar la inversión en el país para lograr otros objetivos de mayor escala y que repercutirá en la vida de la población en general.
En este panorama, consideramos relevante compartir consideraciones importantes sobre el sector, y especialmente en el Mercado Eléctrico Mayorista, descrito anteriormente en nuestro blog, a fin de proveer una visión más contextualizado de la actualidad en el sistema energético mexicano.
Recordando brevemente, actualmente la industria eléctrica nacional se rige bajo un modelo de participación mixta donde el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mantiene el control estratégico de la Planeación y el Control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como del servicio público de Transmisión y Distribución de energía eléctrica.
Sin embargo, la generación y la comercialización operan en un entorno de competencia regulada. En la base de este sistema se encuentran las autoridades y organismos que dictan las reglas del juego. La Secretaría de Energía (SENER) establece la política energética, mientras que la Comisión Nacional de Energía (CNE) actúa como el brazo regulador técnico. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) funge como el operador independiente del sistema y del mercado, garantizando que el despacho de energía se realice de manera eficiente, segura y al menor costo posible para el sistema en su conjunto.
La arquitectura del sector se divide fundamentalmente en tres eslabones: generación, redes (que incluye transmisión y distribución) y suministro. En este último eslabón es donde se manifiesta la competencia, dividiéndose en Suministro de Servicios Básicos, destinado a usuarios residenciales y pequeñas empresas bajo tarifas reguladas, y Suministro Eléctrico Calificado, diseñado para grandes consumidores industriales y comerciales que buscan optimizar sus costos energéticos mediante contratos de libre mercado.
Como lo describimos en una entrada del blog previa, el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es la plataforma donde los generadores, suministradores y usuarios calificados realizan transacciones de energía eléctrica, potencia, Certificados de Energías Limpias (CEL), Servicios Conexos y otros productos necesarios para la operación del sistema, y es operado por el CENACE.
Para convertirse en una empresa de suministro eléctrico calificado, como lo es Enicon, se debe cumplir con un marco regulatorio robusto y una solvencia técnica comprobada. El Suministrador Calificado actúa como un intermediario que adquiere energía en el MEM para revenderla a Usuarios Calificados.
Para participar en esta modalidad, la empresa debe iniciar un proceso de registro y acreditación ante el CENACE que consta de tres fases críticas. La primera es el pre-registro, donde se acredita la personalidad jurídica y se realiza el pago de cuotas. La segunda fase implica el registro de activos y la acreditación de capacidades operativas, asegurando que la empresa cuenta con los sistemas de medición y comunicación necesarios para interactuar con la plataforma del mercado. Finalmente, se firma el Contrato de Participante del Mercado, el cual obliga al suministrador a mantener garantías financieras (fianzas o cartas de crédito) para cubrir sus obligaciones de pago en el mercado.
Actualmente, bajo la política energética actual es la consolidación del esquema de Contratos Mixtos impulsado por la Secretaría de Energía y la CFE. Bajo la premisa de mantener el 54% de la generación en manos del Estado, se han publicado lineamientos que permiten a las empresas privadas asociarse con la CFE en proyectos estratégicos de generación y transmisión, como los anunciados recientemente por las autoridades federales.
Estos contratos mixtos representan una evolución del modelo de asociaciones público-privadas. Permiten que el capital privado financie y construya infraestructura que, aunque operada o supervisada por la CFE, garantiza una rentabilidad para el inversionista y una mayor disponibilidad de energía para el sistema.